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Boletín de noticias 17 de abril de 2012
EL TIEMPO
PROCURADURÍA PIDE QUE REVOQUEN CONDENA CONTRA ALFONSO PLAZAS VEGA
Corte Suprema estudia recurso de casación en fallo por desapariciones en Palacio de Justicia.
La Procuraduría solicitó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revoque la sentencia contra el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El fallo condenatorio de 30 años de cárcel en su contra fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 30 de enero.
El recurso extraordinario pretende que la Corte revoque la sentencia del Tribunal Superior, argumentando tres errores en la apreciación de la prueba que habrían direccionado un fallo absolutorio a favor del procesado.
Los errores, dice la Procuraduría, invalidan los testimonios de Edgar Villamizar Espinel, Tirso Armando Sáenz Acero y César Augusto Sánchez Cuestas, testigos indirectos, así como pruebas indebidamente incorporadas al proceso como las grabaciones e interceptaciones de comunicaciones erróneamente examinadas.
La Procuraduría, además, considera que los jueces de primera y segunda instancia tergivesaron el poder de mando de Plazas y le atribuyeron un rol preponderante que él no tuvo como comandante de las operaciones.
A juicio del Ministerio Publico, al oficial lo calificaron indebidamente de autor mediato en aparatos organizados de poder sin acreditarse, además, la sistematicidad y automaticidad propia de la figura jurídica que le fuera deducida.
En un segundo cargo, la Procuraduría denunció al Tribunal Superior de desbordar sus competencias al pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de decisión en la primera instancia, como la imposición del acto público de perdón ordenado al Gobierno y al alto mando de la estructura militar para con la comunidad y las víctimas, entre otros.
También denuncia al Tribunal por la violación directa de la Ley por haber fallado parcialmente frente a 9 de los 11 desaparecidos, ordenando continuar la investigación en lugar de haber absuelto al coronel, al no hallar acreditada la materialidad del delito como lo impone la normatividad vigente.
Finalmente, el Ministerio Público señala en su escrito que excluida la prueba que fue incorporada ilegalmente y analizados correctamente los demás medios de juicio denunciados, se debe casar la sentencia y consecuentemente absolver al procesado Plazas Vega.
INDAGACIÓN POR 'CARRUSEL DE PENSIONES' VUELVE A LA CONTRALORA
Así lo determinó el Consejo de Estado. El fuero no opera en investigaciones fiscales, señaló.
"El Consejo de Estado dejó a salvo los mandatos de la Constitución del 91 y reestableció el respeto por el control fiscal en el país (...) Retomaremos de inmediato las investigaciones por el 'carrusel' de pensiones", dijo la contralora Sandra Morelli una vez conoció el fallo.
La decisión, que es de obligatorio cumplimiento, llevará a que la investigación contra magistrados y exmagistrados de la Judicatura que nombraron magistrados auxiliares en edad de pensión, facilitando así el reclamo de mesadas millonarias, regrese en su parte fiscal a la Contraloría.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado determinó que la Constitución del 91 señala claramente que las investigaciones fiscales -es decir, las relacionadas con decisiones que generan detrimento en el patrimonio público- son de competencia exclusiva de la Contraloría, y que el fuero constitucional no opera frente a procesos de ese tipo.
El alto tribunal consideró que se trata de una investigación administrativa y no judicial ni disciplinaria, por lo que la Comisión de Investigación no es la competente, como tampoco lo es la Sala Disciplinaria de la Judicatura para resolver la colisión de competencias.
Ese organismo había incluso determinado embargos contra varios miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a quienes investigaba porque los nombramientos impactaron en casi 13 mil millones de pesos el sistema pensional.
Lo que dice la decisión
El texto del concepto, conocido en exclusiva por ELTIEMPO.COM, dice: "Declárase que la Contraloría General de la República es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado para el Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares".
Es por eso que el alto tribunal decidió: "La autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República".
El Consejo de Estado indicó, además, que esta decisión no afecta en manera alguna "las competencias específicas que por mandato constitucional, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes".
La consulta fue elevada por el Ministerio de Justicia
Una sala de conjueces de la Judicatura determinó que era la Comisión de Acusación la encargada de llevar esos casos, por el fuero del que gozan magistrados, Fiscal General y Presidente de la República.
Así las cosas, el Consejo de Estado se pronuncia casi tres meses después de que el Ministro de Justicia elevó una consulta sobre el tema.
Precisamente, tras conocer el fallo, Esguerra afirmó que "el Gobierno siempre creyó en que esta era una investigación de carácter administrativo, por lo tanto de competencia de la Contraloría. Por eso, elevó la solicitud de definición de competencias administrativas ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado".
Aunque hacía dos semanas, en una polémica decisión una sala de siete conjueces de la Judicatura, decidió que la competencia para investigar fiscalmente a los magistrados la tenía la Comisión de Acusación, la última palabra la tenía el alto tribunalEl choque entre la Judicatura y la Contraloría por quién es el competente para adelantar los procesos fiscales por el escándalo del 'carrusel de las pensiones' llevó a Sandra Morelli, titular del organismo de control, a suspender todas las investigaciones que adelantaba su despacho en materia fiscal contra aforados, hasta tanto no se definan las competencias tal y como se lo pidió el Gobierno al Consejo de Estado.
En el polémico fallo, conjueces del Consejo Superior de la Judicatura hicieron una interpretación según la cual el fuero de los magistrados establecido por la Constitución en asuntos penales y disciplinarios los protege también de que sea la Contraloría, la autoridad encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos, la que los investigue.
Por eso, ordenaron que el expediente pasara a manos de la Comisión de Acusación, el 'juez natural' de las altas cortes, para que los investigue por el posible detrimento a las finanzas públicas.
Es por eso que la contralora Sandra Morelli le pidió a la Judicatura que aclare en una nueva providencia los alcances del fallo de la Sala de Conjueces.
FISCAL GENERAL ANUNCIÓ QUE REVISARÁ ACUERDOS DE REBAJAS DE PENAS
Hoy evaluará los beneficios que recibió Julio Gómez, vinculado al 'carrusel' de la contratación.
En su primera decisión de fondo desde que asumió el cargo hace menos de tres semanas, el fiscal General, Eduardo Montealegre, ordenó revisar con lupa los acuerdos por colaboración y los principios de oportunidad que en los últimos meses han permitido que protagonistas de sonados escándalos judiciales reciban penas mínimas o eludan la cárcel.
Esa orden llevará a que hoy un fiscal delegado ante la Corte apele ante el Tribunal Superior de Bogotá la condena de cinco años que acaba de recibir el cuestionado empresario Julio Gómez, uno de los principales protagonistas del escándalo del 'carrusel' de la contratación en Bogotá.
"Por la gravedad de los hechos y la magnitud de esa investigación, debe ser una pena superior", dijo el fiscal Montealegre sobre Gómez, cuya negociación con la Fiscalía de Viviane Morales había sido objeto de fuertes críticas.
De hecho, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había señalado que "la ciudad no ha sido reparada ni por confesión plena, ni por la reparación del daño" en el caso de Gómez
Ayer, al posesionar al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, Montealegre le encomendó la misión de examinar los criterios que se han tenido en cuenta para negociar con los procesados
Tan solo el año pasado, entre preacuerdos, principios de oportunidad y beneficios por colaboración, se hicieron negociaciones en 340 casos.
"Vamos a hacer un estudio y luego se va a expedir una directiva que determine los criterios para dar beneficios", aseguró el Fiscal General.
En esencia, lo que se busca es imponer mayores requisitos para que los que obtengan rebajas o, incluso, el principio de oportunidad (que equivale a cerrar una investigación) realmente sean útiles para llegar y condenar a los 'peces gordos' relacionados con sus delitos.
Otros casos que serían revisados
1. Los primo Nule
En el caso del 'carrusel' de la contratación en Bogotá, han negociado beneficios con la Fiscalía el exsubdirector del IDU Inocencio Meléndez (condenado a 7 años) y los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, y su cuñado y socio Mauricio Galofre (pagarían 7 años).
2. El escándalo por AIS
En el caso de Agro Ingreso Seguro, lograron preacuerdos miembros de la familia Dávila Fernández de Soto, el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar y los exfuncionarios de esa cartera Camila Reyes del Toro y Javier Enrique Romero.
3. 'Chuzadas' del DAS
En el escándalo por las 'chuzadas' del DAS a magistrados, periodistas y políticos de la oposición, también han negociado beneficios con la Fiscalía los exdetectives Alba Luz Flórez y William Romero.
VISITA SORPRESA DE LA PROCURADURÍA A CINCO CASAS DE ADOPCIÓN EN BOGOTÁ
ELTIEMPO.COM estableció que también revisa documentos de la sede central del Icbf sobre el tema.
Desde esta mañana, 28 funcionarios de la Procuraduría General vista cinco casas de adopción y a la sede central del Bienestar Familiar para verificar el cumplimiento de de las obligaciones legales en el tema de adopción.
ELTIEMPO.COM confirmó que los funcionarios, coordinados por la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia del Ministerio Público, llegaron de sorpresa a las siguientes casa de adopción en Bogotá: Fundación Casa de Madre y el Niño, Fundación Los Pisingos, Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño (CRAN), Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada y la Asociación Amigos del Niño Ayúdame.
Según fuentes de la Procuraduría, están revisando cómo se están llevando los controles para la adopción de niños en el país, así como el tema de las donaciones que hacen los padres a las diferentes fundaciones.
Las visitas se harán esta semana, sin embargo, no se descarta que la comisión se amplíe. Con toda la información se hará un informe, en el marco de la vigilancia superior, que hará un balance sobre el tema de la adopción.
De otro lado, el director de Bienestar Familiar, Diego Molano, tendrá que comparecer mañana a un debate de control político en en la Comisión Sexta del Senado, con el fin de que el alto funcionario responda sobre el rezago en las contrataciones que debió hacer el Instituto.
Se trata de las demoras para concretar las licitaciones de complementos infantiles para más de 760.000 niños en extrema probreza, así como los almuerzos de de 220.000 abuelos del sisbén 1 y 2 de todo el país.
El Bienestar Familiar aseguró en un comunicado que "es la oportunidad de explicar los detalles de las contrataciones y de responder a todas las inquietudes" de los congresistas.
CONSEJO DE ESTADO NO ADMITIÓ DEMANDA SOBRE PERIODO DE
Por fallas en el procedimiento, el Consejo de Estado rechazó el estudio de esta demanda.
El alto tribunal le dio cinco días al demandante para que anexe toda la documentación que sustenta su pretensión.
La petición busca la nulidad de la elección del nuevo fiscal general, Eduardo Montealegre.
EL ESPECTADOR
CONGRESO ASEGURA QUE NO TRAMITÓ ILEGALMENTE LEYES DEL TLC
Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria respondieron a los posibles vicios en la tramitación de esas iniciativas.
El Congreso de la República se defendió este martes de los cuestionamientos que le hacen por la posible tramitación irregular de las tres leyes del Tratado de Libre Comercio, que fueron sancionadas por el presidente Juan Manuel Santos el fin de semana, como antesala a la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo estadounidense Barack Obama.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo Román, dijo que por haber tramitado el proyecto en la comisión segunda y no en la primera -como algunos alegan- no hay nada ilegal.
"Estas son leyes anexas al TLC y desde luego tenían otras materias que podían ser de conocimiento de otras comisiones pero por ser de carácter internacional, debían tramitarse en las comisiones segundas", sostuvo el senador.
A su turno, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dijo que "siempre" los tratados internacionales se tramitan por las comisiones segundas,encargadas de los asuntos exteriores.
"La Corte ha tumbado leyes porque no se han tramitado por la comisión que es pero recuerdo que tradicionalmente las segundas han llevado los trámites de tratados internacionales", indicó.
Quienes son opositores al TLC han anunciado que demandarán ante la Corte Constitucional las leyes del tratado pues advierten que por tratarse de una serie de sanciones en derechos de autor, debían ser tramitadas por las comisiones primeras.
El Tratado de Libre Comercio empezará a operar tanto en Colombia como en Estados Unidos el próximo 15 de mayo, en medio de los alegatos de algunos expertos en internet de la inclusión de lo que llamaron la Ley Lleras 2.0.
"SE LE TIENEN QUE QUITAR LAS LABORES JUDICIALES A LA COMISIÓN DE ACUSACIONES"
El Fiscal General considera que el Congreso solamente tiene que emitir conceptos políticos y no penales.
Una interesante propuesta presentó el fiscal General, Eduardo Montealegre para que en la reforma a la justicia se revisen las funciones judiciales a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Según Montealegre, el Congreso solamente podría emitir conceptos de tipo político en los procesos que se adelanten contra los llamados aforados, mientras que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de emitir fallos penales.
En este sentido indicó que el alto tribunal solamente podría entrar a actuar siempre y cuando el Congreso emita una determinación de causa en las investigaciones. "Si la Comisión señala que no existen motivos entonces no podría pasarse a la siguiente etapa en la Corte Suprema", precisó en entrevista con Caracol Radio.
OPERADOR DE DOÑA JUANA, SANCIONADO CON $100 MILLONES
La multa fue impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Debido a fallas en la disposición final de basuras, la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana con una multa de 100 millones de pesos. De acuerdo a la Superintendencia, entre los incumplimientos del operador del relleno sanitario “está el inadecuado vertimiento de lixiviados (líquidos en descomposición), el no cubrimiento diario de los residuos, la reducción del frente de trabajo y el mal mantenimiento de las vías internas del relleno así como de los vehículos”.
El organismo ordenó al Centro de Gerenciamiento presentar una hoja de ruta en donde se estipule el cronograma de trabajo para superar las fallas que se han presentado en el servicio y de esta forma mejorarlo.
El consorcio brasileño ganó la licitación para operar el relleno en septiembre de 2010. Está integrado por Estre Ambiental, Grupo Roca, Usa Global Market, Genivar, Asociación de Usuarios del Acueducto de Mochuelo Alto y una cooperativa de recicladores.
Doña Juana gasta diariamente $120 millones en el tratamiento de 6.000 toneladas de basura que llegan cada día al relleno sanitario.
AFECTADOS POR MINAS ANTIPERSONA NO ESTÁN INCLUIDOS EN LEY DE VÍCTIMAS
La normatividad no contempló asistencia y reparación para quienes han sido víctimas de las mal llamadas 'minas quiebrapatas'.
Se harán seis encuentros en Popayán, Montería, Mocoa, Cúcuta, Medellín y Bogotá para hablar sobre el tema de las víctimas de minas antipersonales.
La Campaña Colombiana Contra Minas –CCCM- hizo un llamado al gobierno nacional para que en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras se haga un esfuerzo para ampliar el reconocimiento de aquellos colombianos que han sido afectados por la utilización de MAP/MUSE/AEI -minas antipersonales. La CCCM le pidió al gobierno nacional generar procesos de reparación integral para quienes han sido alcanzadas por estas armas no convencionales.
En un comunicado público, la CCCM sostiene que “en estos doce años de trabajo en Colombia, hemos observado con preocupación que las víctimas de MAP/MUSE/AEI no han sido priorizadas en la atención y en la inversión de recursos por parte del Estado”. Por lo que sugieren que en la implementación de la ley de víctimas y tierras se adelante un “esfuerzo mancomunado” entre Gobierno, organizaciones de víctimas y ONG, con el fin de superar “el alto nivel de desprotección” con que las víctimas han sido confrontadas.
Además, se hace un llamado para que sea “toda la sociedad” quien ejerza la veeduría a la institucionalidad pública para que cumpla con sus responsabilidades. Entre las recomendaciones hechas por la entidad se incluye capacitación y organización para que los movimientos de víctimas lideren esfuerzos para defender sus derechos. Asimismo, se advirtió que “Los funcionarios del Estado deben comprometerse a cumplir y a tomar conciencia de que las decisiones que toman afectan la construcción de país”.
De esta manera, la CCCM realizará una serie de foros con el fin de concientizar a las autoridades sobre la realidad de quienes han sufrido este crimen. Serán seis encuentros: en Popayán, Montería, Mocoa, Cúcuta, Medellín y Bogotá. A éstos asistirán delegados de las gobernaciones de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y Guajira, además de representantes del Programa Presidencial contra Minas, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Asociación de sobrevivientes de MAP y MUSE, Campaña Colombiana Contra Minas, Unicef, Pastoral Social y Cruz Roja.
CONTRALORÍA INVESTIGARÁ A MAGISTRADOS POR EL CARRUSEL DE LAS PENSIONES
Considera que en este tipo de casos se presenta una responsabilidad fiscal.
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La Sala de Consulta del Consejo de Estado determinó que la Contraloría General si puede investigar a los magistrados de las altas cortes en el llamado proceso por el carrusel de las pensiones.
El Consejo de Estado falló a favor de la contralora general de la República, Sandra Morelli, contrariando el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que le quitó la competencia para investigar a magistrados.
En este concepto, el alto tribunal consideró que las investigaciones a magistrados por irregularidades en el pago de pensiones son de naturaleza administrativa, que le competen al organismo de control fiscal.
En el fallo de obligatorio cumplimiento se indica que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene que entregarle nuevamente los procesos a la Contralora General.
La Contraloría venía investigando a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Pedro Alonso Sanabria por su presunta participación en el detrimento patrimonial con el nombramiento irregular de magistrados auxiliares con el fin de aumentar su pensión.
“En este momento la señora contralora tiene el deber jurídico, no es si quiere, de seguir adelante con las investigaciones y concluirlas. Como son competencias administrativas una vez finalizado el control fiscal las decisiones por orden constitucional tienen control judicial ante lo contencioso administrativo”, aclaró el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.
En tal sentido, el magistrado también aclaró que respecto al fallo proferido por la sala de conjueces que en su oportunidad determinó negar la competencia para que la contralora Sandra Morelli continuará adelantando este tipo de investigaciones, carecía de legitimidad porque sus funciones eran eminentemente judiciales.
“El Consejo Superior de la Judicatura está instituido en este rubro para definir conflictos de competencia entre autoridades jurisdiccionales, no entre entidades de tipo administrativo, de manera que esa decisión está ahí pero abarca objetos que son ajenos a la competencia”, agregó el magistrado.
Por tal motivo, la contralora no solo podrá sino que deberá retomar los procesos adelantados contra los cuatro magistrados que al parecer designaron a una serie de magistrados auxiliares u otros funcionarios con el fin de que resultaran beneficiados por millonarias pensiones.
En este sentido, el magistrado Gómez, señaló que esta decisión sienta un precedente la posibilidad para que la Contraloría investigue libremente a los alcaldes, ministros, gobernadores, jefes de departamento.
CORTE SUPREMA ACEPTÓ RENUNCIA DE MAGISTRADO AUGUSTO IBÁÑEZ
El expresidente del alto tribunal presentó dimisión a su cargo por motivos personales.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia del magistrado Augusto Ibáñez a su cargo en el alto tribunal.
El magistrado presentó renuncia irrevocable a su cargo en la noche el pasado jueves argumentando motivos personales. Ibáñez estará en su cargo hasta el próximo primero de junio.
Cuando fue presidente de la Corte Suprema (2009) fue reconocido por mantener discusiones con funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, por temas relacionados con la 'parapolítica', la independencia de la rama judicial y la terna para fiscal.
En septiembre de 2010 la Corte denunció amenazas contra el magistrado y pidió al Gobierno protección para el jurista y para otros magistrados quienes fueron víctimas de esta situación como seguimientos e interceptaciones ilegales, hecho por el cual se consideró como víctima dentro del proceso de las llamadas 'chuzadas'.
El magistrado Ibáñez nació en la ciudad de Tunja, tiene 51 años y es egresado de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como asesor de la Cámara de Representantes, como conjuez del Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca y fue miembro fundandor del centro de Estudios de Jurisprudencia.
En su perfil académico, el nuevo presidente de la Corporación cuenta con una especialización en derecho penal de la Universidad de Salamanca; en derecho penal y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Además, ha sido profesor de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Externado y Javeriana.
PROMUEVEN LEY DE CUOTAS EN EL ESTADO PARA AFROCOLOMBIANOS
Piden una representación justa en los cargos de nivel decisorio del Estado y obligatoria participación en los procesos de selección.
Otra de las concusiones que dejó la Cumbre de las Américas de Cartagena (Bolívar), es la necesidad de dar más garantías a la población afro del país.
Por eso, el senador Carlos Alberto Baena anunció que radicará esta semana una Ley de Cuotas o de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana.
Afirmó que durante años las negritudes han tenido que soportar “la indiferencia social y Estatal”, y que ya es tiempo de otorgarles una representación justa en los cargos de nivel decisorio del Estado y obligatoria participación en los procesos de selección.
“Le llegó su cuarto de hora a nuestra población afro descendiente”, aseguró Baena para explicar el porqué de su proyecto.
En ese sentido, el mismo Baena dijo que el vicepresidente Angelino Garzón mostró su complacencia con la propuesta y afirmó que este es un acto de justicia con una población que representa el 20 % de los colombianos.
El ingreso per cápita promedio de los(as) afrocolombianos(as) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1.500 dólares. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional.
En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo dos ingresan a la educación superior. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.
REVISTA SEMANA
"DEL PALACIO DE JUSTICIA FALTA MUCHO POR DESTAPAR":
Ana CarriganPor Sally Palomino, periodista Semana.com
La periodista colombo-irlandesa que escribió 'El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana', sigue con la investigación de este caso. Califica de "valiente" la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ratificar la condena de 30 años contra Plazas Vega.
Ana Carrigan (periodista colombo-irlandesa) nunca le ha perdido la pista al caso del Palacio de Justicia. Por eso publicó en 1993 la primera edición de 'El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana'. Y volvió a sacar una segunda serie de ejemplares en el 2009. Es que desde que conoció la historia en 1985 hasta la fecha, no se ha perdido ni un capítulo.
Aunque vive en Londres no es raro verla en los juzgados especializados en el centro de Bogotá cada vez que hay una diligencia por una de las tragedias más recordadas del país que terminó con la muerte de 109 personas y la desaparición de otras 11.
Semana.com habló con ella, quien califica de "valiente" la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ratificar la condena de 30 años contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia (1985).
Semana.com: 27 años después de haber publicado la primera edición del libro ‘El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana’, el caso continúa, si pudiera agregar un nuevo capítulo , ¿cuál sería?
Ana Carrigan: Creo que no es el momento. El caso permanece abierto y quedan por resolver varios hechos. Existen todavía misterios, sobre todo en el ámbito de lo que pasó después de que el Ejército tomó el control del Palacio.
Semana.com: ¿Pero hay un tema que en estos años haya despertado su interés dentro del caso?
A.C: Los que hemos estado cerca de este caso tenemos la convicción de que el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán (que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no fue una muerte aislada y única sino que hubo otros magistrados que resultaron muertos de la misma forma. También existe certeza de que hubo más desaparecidos, gente de la que ni siquiera se conocen sus nombres. Desaparecidos anónimos.
Lo que uno esperaría es que la Fiscalía siga investigando.
Semana.com: ¿Cómo vio la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena de 30 años contra el coronel (r ) Alfonso Plazas Vega?
A.C: Me pareció que la decisión del Tribunal Superior fue muy valiente.
Semana.com: ¿Cree que en este caso se está haciendo justicia?
A.C: Me parece que el caso del Palacio es bien especial. Durante 27 años hubo un periodo de silencio en donde se intentó asegurar la impunidad y distorsionar los hechos de esta tragedia. En el 2005 llega un nuevo fiscal general que apoya el trabajo de una fiscal nueva, quien estudia el caso, lo saca del abandono, y empiezan entonces cinco años de una rigurosa investigación judicial que sirvieron como ejemplo de profesionalismo y valentía para la justicia colombiana.
Me refiero al trabajo de la fiscal Ángela Buitrago (2005-2010) y la juez Stella María Jara, las dos mujeres que llevaron el proceso contra el coronel Plazas y que lo condenaron por tortura y desaparición. Ellas, en lugar de ser reconocidas quienes derrotaron la impunidad militar de décadas, fueron amenazadas. Tanto que la juez Jara se vio forzada a salir del país y aceptar el exilio para proteger a su hijo.
Ese tipo de situaciones no es una buena señal para el futuro del caso.
Semana.com: Usted sigue de cerca el caso, asiste con frecuencia a las audiencias...
A.C: Aunque no estoy escribiendo sobre el Palacio, lo que me atrae y me motiva a seguirlo es que es un caso emblemático, que muestra una confrontación permanente entre gente que está dispuesta a jugarse la vida para descubrir la verdad de lo que ahí pasó y los que quieren encubrir la historia. La verdad me sorprende que en el caso del Palacio de Justicia sea tan intensa la confrontación, incluso después de 27 años.
Semana.com: ¿Qué opina de lo que ha pasado en el caso de Édgar Villamizar, cuyo testimonio niega y dice que fue un montaje?
A.C: Es muy extraño. No sé si a Villamizar lo amenazaron. Parece una "guerra sucia a la justicia". Lo grave de esta historia está en que se logró involucrar el apoyo de instituciones tan importantes como la Procuraduría.
Semana.com: ¿Qué es lo que más recuerda de la escritura del libro del Palacio?
A.C: Tal vez la búsqueda (desesperada) de un sobreviviente entre los rehenes de la guerrilla. Era Mayo de 1986. En un contexto de guerra sucia contra todo lo que olía a izquierda, la represión de todos los que discutían la versión oficial de la toma del Palacio había logrado su fin: nadie conversaba con la prensa.
Hasta que una tarde llegó un amigo a buscarme en el hotel a decirme que había un muchacho, un joven empleado de la Corte, que tal vez estaría dispuesto a contarme su historia. En el libro lo llamo 'Gabriel', un joven bien simpático, tranquilo. Había sufrido dos veces los eventos traumáticos de la toma. Los sufrió en carne propia durante 26 horas de terror en ese baño donde murieron algunas personas inocentes y los sufrió de nuevo cuando tuvo que callarse por algún tiempo.
Semana.com: ¿Durante este tiempo ha visto otro caso que le haya llamado la atención tanto como para escribir un libro?
A.C: ¡Como este no!
Semana.com: ¿Hay otro tema de Colombia que le llame la atención para escribir sobre él?
A.C: Estoy buscando tema (...) Me fascina el de la paz.
CONTRALORÍA ES COMPETENTE PARA INVESTIGAR 'CARRUSEL' DE PENSIONES: CONSEJO DE ESTADO
La sala de consulta civil del alto tribunal emitió un concepto en que establece que la Contraloría tiene la competencia para realizar las investigaciones fiscales y que el fuero constitucional no opera para procesos en los que haya de por medio recursos públicos.
La decisión se da luego de que el Gobierno en cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, solicitara al alto tribunal un concepto para determinar si la Contraloría podía investigar fiscalmente a los magistrados de las altas cortes.
La providencia rechaza el fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura la cual determinó que el órgano encargado de investigar a los altos magistrados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El texto del concepto declara que "la Contraloría General de la República es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado para el Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares".
Por lo tanto el alto tribunal decidió: "La autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República".
La controversia jurídica inició cuando la Morelli se presentó con la decisión de adelantar un juicio fiscal contra 23 magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14 exfuncionarios de la Justicia.
l abrir investigaciones a los magistrados y reclamar la competencia para hacerlo, la funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado a un sector de la Rama Judicial que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado por el ente de control y, por el otro, a la Comisión de Acusaciones, famosa por su falta de decisiones en los procesos, que arguye una usurpación de sus competencias constitucionales.
Dos semanas atrás, la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura les dio la razón a los congresistas. El fallo del alto tribunal ordenó trasladar la investigación por el polémico carrusel de las pensiones de la Rama Judicial a la comisión parlamentaria. Ante esta sentencia, Morelli pateó el tablero. Anunció que no investigaría a funcionarios aforados hasta que no se aclare si esa es su competencia.
Con esta reacción dio a entender que estaba maniatada para investigar a otros personajes como el exministro Andrés Felipe Arias por el manejo de los subsidios del controversial programa Agro Ingreso Seguro, o al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por el manejo de los recursos del departamento durante su gestión. Además, aseguró que el paso de la investigación a esa célula legislativa era prácticamente una decisión "absolutoria".
Así consiguió el apoyo de sectores de opinión que se preguntan a la Justicia quién la ronda, y rechazan las pensiones inmerecidas en una sociedad caracterizada por la inequidad. También prevalece en el ambiente la idea de que lo más probable es que la investigación a los magistrados duerma el sueño de los justos y ratifica que hay poderes 'intocables'. Con su paso al costado, Morelli envió el mensaje de que, en últimas, la víctima es la Justicia.
PROCURADURÍA COMIENZA VIGILANCIA SUPERIOR AL PROGRAMA DE ADOPCIÓN DEL ICBF
El Ministerio Público verificará el cumplimiento de las obligaciones de cinco instituciones autorizadas de Bogotá para desarrollar programas de adopción.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordónez, ordenó este lunes a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia el comienzo de un proceso de vigilancia superior al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para verificar "el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en relación con la organización del Programa de Adopción a nivel nacional e internacional".
La vigilancia, prevista en el plan operativo anual de la procuraduría delegada, se extiende a cinco institucones autorizadas de Bogotá para desarrollar programas de adopción (IAPAS).
Se establecerá si dichas instituciones cumplen las obligaciones legales y los lineamientos técnicos.
También se verificará el Programa de servicios de atención especializada en protección (contratos de aporte), en cumplimiento con lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia.
La comisión de vigilancia está integrada por 28 servidores públicos. El grupo de funcionarios investigará si el programa de adopción está orientado a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
"Se constatará si en el desarrollo del Programa de Adopción se ha implementado la doctrina de la protección integral", agregó el comunicado.
De las visitas realizadas se levantarán las actas respectivas y se rendirá un informe al instituto.
EL NUEVO SIGLO
C. SUPREMA INVESTIGARÍA A LOS ALTOS FUNCIONARIOS
Así lo planteó el fiscal general, Eduardo Montealegre, donde suprimiría funciones judiciales al Congreso.
En una entrevista con Caracol Radio, Montealegre expresó su desacuerdo con el proyecto de reforma a la Justicia que plantea crear una "supercorte" y pidió que se revisen las funciones judiciales a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“El Congreso solamente podría emitir conceptos de tipo político en los procesos que se adelanten contra los llamados aforados, mientras que la Corte Suprema sería la encargada de emitir fallos penales” sostuvo el Fiscal General.
“El alto tribunal únicamente podría entrar a actuar cuando el Congreso emita una determinación de causa en las investigaciones. Si la Comisión señala que no existen motivos entonces no podría pasarse a la siguiente etapa en la Corte Suprema”.
CONGRESO ALISTA ÚLTIMO LLAMADO A LAS CORTES
El senador Luis Fernando Velasco considera que la de los Tribunales es una “decisión política profundamente inconveniente” para el desarrollo del debate.
Una invitación muy “respetuosa y firme” fue enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, y al presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, para que hoy asistan al quinto debate de la Reforma a la Justicia, la decisión la tomó el presidente de la comisión primera de Senado, el senador Luis Fernando Velasco al considerar que es una “decisión política profundamente inconveniente” que las Altas Cortes no estén en el desarrollo de la discusión.
Para Velasco, el ejercicio de la democracia está basado en la expresión de los diferentes puntos de vista y no con la ausencia, como ha pasado durante este año en el el estudio de la Reforma a la Justicia.
“En las democracias, que yo vaya a un espacio como el Congreso de la República no significa que yo esté validando algo, todo lo contrario, en las democracias uno expresa sus desacuerdos con palabras y con argumentos y no con ausencias, y eso es lo que les voy a decir”, dijo Velasco.
Además, el Senador dijo que considera que la actitud que están tomando las Cortes se parece a la que asumen las parejas cuando pelean y dijo que considera que esa actitud únicamente es permitida en relaciones sentimentales pero no para los problemas de estado.
“Yo creo que ellos (los Presidentes de las Cortes) tienen muchos argumentos y mucha experiencia como para que su manera de expresar su desavenencia sea como la manera en que los novios se dicen que están bravos, sin una palabra y con ausencia, pero para los problemas del Estado hay que ir con palabras y con presencia a decir lo que uno está pensando”
Sin embargo, el presidente de la Comisión Primera insistió en la importancia de que ellos como representantes de la Reforma a la Justicia entreguen sus puntos de vista para poder llegar a acuerdos que sean convenientes para todos los sectores de la sociedad. “Ha habido muchas reuniones de información y es importante que digan lo que nos dicen en privado, que digan en público qué es lo importante para abrir ese debate, Yo entiendo que la presencia no va a validar la reforma, muy seguramente su presencia será para decir que no les gusta, pero es mucho más importante que vayan y lo digan a que se hagan notar con su ausencia”, concluyó.
Para ayudar en este proceso de reintegración de las Cortes al debate, la semana pasada representantes del Partido Conservador se reunieron con el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, para servir de “puente” entre ellos y el Gobierno y lograr así que se reintegren a la mesa de diálogo para enriquecer el debate de la Reforma.
Uno de los ponentes del Acto Legislativo y quien también estuvo en la reunión, fue el senador Eduardo Enríquez Maya, quien dijo que “los ponentes ya nos reunimos y somos respetuosos con las recomendaciones que se han hecho. Las estudiaremos para saber qué se puede incorporar y qué no se puede incorporar.
Otro de los congresistas conservadores asistente a la reunión, Carlos Ramiro Chavarro, destacó que el encuentro permitió la posibilidad de que se acercaran las Altas Cortes con el Congreso de la República, y además de conocer los puntos de vista que los Magistrados tienen con respecto a la Reforma a la Justicia.
“EPS NO PUEDEN DESVINCULAR USUARIOS”
La Corte Constitucional comunicó que las EPS no pueden desvincular o suspender los servicios a los usuarios que tengan algún problema en el registro con la base de datos emitida por la Registraduría Nacional.
El Alto Tribunal aseguró que en caso de darse algún error que impida la identificación del usuario la EPS tendrá que garantizar los servicios médicos al afectado, al menos durante dos meses, tiempo en el cual el usuario deberá acercarse a la Registraduría o Notaría correspondiente para reparar el inconveniente.
El anuncio se hace luego que una EPS desvinculara a una menor de edad y a un adulto mayor por errores en el registro. En el caso de la menor, esta no fue inscrita en la EPS como beneficiaria debido a que ya existía un usuario con su número de identificación, mientras que en el segundo caso el anciano fue desvinculado porque aparecía como fallecido, ambos errores de la Registraduría.
SE NECESITAN MÁS MECANISMOS DE DESCONGESTIÓN: DE LA CALLE
La reforma a la Justicia no se puede enfocar en quién investiga a quién. Lo que se debe mirar de verdad es la manera de crear mecanismos para una verdadera descongestión.
Así lo aseguró el ex vicepresidente Humberto De La Calle, quien manifestó además que a él sí le gusta que los Notarios asuman funciones judiciales y señaló que el problema actual es que muchos casos judiciales son pasados a jueces de descongestión, que lo que hacen es demorar mucho más los procesos.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analiza la Reforma a la Justicia que tramita el Congreso?
HUMBERTO DE LA CALLE:Para serle franco, a mí me parece que son más valiosos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en otros campos, como en el Código General del Proceso o en las decisiones administrativas para descongestión, que esta Reforma a la Justicia.
Me parece que está más orientada a una especie de nueva distribución de la torta punitiva. Digamos, es una discusión de la élite sobre quién castiga a quién.
Es una Reforma en la cual el acceso a la Justicia del ciudadano de a pie se ve minimizado, está muy lejos.
ENS: ¿Cree que aparte de esta Reforma van a terminar haciendo otra?
HC:Pues yo no soy capaz de decir eso. Yo veo el Gobierno empeñado en sacar esta Reforma.
Pero además de las críticas que le acabo de hacer, últimamente sí que han aumentado las preocupaciones, porque lo que yo encuentro es que hay un esfuerzo en el Congreso para debilitar mecanismos de control político y de control ético de los propios congresistas. Lo que hemos visto es que la pérdida de investidura se va a debilitar. Tampoco me gusta que los anónimos no sirvan para denunciar. Ahora se habla de un intento de eliminar el control por parte de la Procuraduría, sin que se nos haya explicado quién entonces haría las investigaciones a los congresistas. Se dice además en una norma, que me parece delirante, que no hay conflicto de interés cuando se votan reformas constitucionales. Ese es el caso de esta Reforma. Las personas que puedan tener investigaciones, pues se liberan de los conflictos de interés simplemente diciendo que se está votando una norma constitucional y no una norma legal. Se disminuye las causales de pérdida de investidura, porque los conflictos de interés se limitan a los de orden constitucional.
ENS: Pero los senadores dicen que a ellos los investigan el Consejo de Estado y la Procuraduría. ¿Qué piensa?
HC:La pérdida de investidura es uno de los instrumentos más importantes de la Constitución del 91. La pérdida de investidura en manos del Consejo de Estado, que es una autoridad jurisdiccional, está colocada hoy como una especie de ejemplo en el mundo, muchas veces causa sorpresa. ¿Sabe que en Colombia un congresista puede perder su investidura por situaciones muy graves de ética, de manera muy expedita y muy rápida? La Procuraduría estudia los temas disciplinarios, pero la pérdida de la investidura es una institución que se explica por sí misma y que ha sido uno de los logros de la Constitución del 91. Pero más allá de la discusión que usted me plantea, el hecho es que es evidente el deseo de debilitar la pérdida de investidura. Una cosa es la doble instancia, con la cual todos estamos de acuerdo. Pero cuando se dice que la pérdida de investidura debe ser proporcional, eso parece un chiste, porque la investidura se pierde o no se pierde. ¿Cómo se puede perder proporcionalmente una investidura? ¿O es que están disimulando el lenguaje para decir que vendrán suspensiones temporales de la condición de congresista?
ENS: ¿Cómo ve el tema de la financiación de la Justicia?
HC:Yo estoy de acuerdo con el ministro Esguerra, porque no solo es evidente que hay una necesidad de mayores recursos, sino que al mismo tiempo es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura ha tenido un muy bajo nivel presupuestal. Me parece que todas estas fórmulas, que simplemente obligan en la Constitución a tener un monto fijo de recursos, son muy inadecuadas. Es la peor manera de administrar un presupuesto. Uno lo que tiene que hacer es lo contrario: señalar cuáles son las verdaderas necesidades de la Justicia, para luego sí entrar a solventar y poner las partidas necesarias para lograr esos objetivos. Pero aquí se está invirtiendo el orden. Se habla de sumas ciegas, fijas, que no obedecen a un estudio previo, que además contribuyen a descuartizar el presupuesto y a hacer bastante inflexible el manejo del mismo. Esa es la peor manera de abordar ese problema.
ENS: ¿Y el hecho de que los Notarios tengan funciones judiciales?
HC:En ese punto sí estoy de acuerdo, porque me parece que es necesario proveer mayor oferta de Justicia. Y en verdad hay personas capacitadas, como el caso de los Notarios. Incluso abogados que reciben temporalmente funciones judiciales, circunstancia que no es diferente al arbitramento, donde también hay abogados que imparten justicia.
Me parece que todo lo que vaya en aumentar la oferta de la Justicia es útil, porque ahí es donde están los verdaderos problemas, los problemas de acceso. Pero esto se debe hacer con regulaciones cuidadosas y bajo la supervisión de la propia Rama Judicial. Nadie está hablando de privatización de la Justicia. Nosotros sabemos que muchas veces los problemas no dependen de quién investiga a quién, sino de lo que ocurre en el día a día de los juzgados.
ENS: ¿Pero sídescongestiona la Justicia?
HC:Claro, en la medida que hayan posibilidades, primero, de aumentar la oferta de la Justicia y, segundo, por la vía de la desjudicialización: entregar determinadas querellas a la determinación de funcionarios que entrarían a colaborar con la Justicia.
Lo que se hace ahora es que nombran a unos jueces temporalmente para hacer tareas de descongestión y muchas veces hacen tardar la Justicia.
CMI
UN DETRIMENTO EN SALUD POR MÁS DE $144 MIL MILLONES, ADVIERTE LA CONTRALORÍA
El Gobierno deberá rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia, el próximo 10 de mayo.
La Contraloría advirtió que halló un detrimento patrimonial por más 144 mil millones de pesos en el manejo de los dineros de la salud que afecta el buen funcionamiento del sistema.
En un informe entregado a la Corte Constitucional, el ente fiscalizador señaló que las irregularidades están relacionadas con sobrecostos en medicamentos, factores antihemofílicos e inconsistencias en los recobros que se hacen.
La Contraloría señaló que la corrupción ha permeado prácticamente el trámite de los recobros, de tal manera que han proliferado las prácticas perversas, ocasionando pérdidas considerables para el Estado.
Por su parte, la Fiscalía también le dice al Alto Tribunal que no existen las herramientas para verificar si los servicios que reclaman las EPS han sido prestados o los medicamentos suministrados.
La Procuraduría advierte además que la falta de unificación de precios máximos de medicamentos, dispositivos y demás insumos del Plan Obligatorio de Salud (POS) se convierte en uno de los principales problemas de acceso al sistema de salud.
Todos estos conceptos de los órganos de control le sirvieron a la Corte Constitucional para llamar al Gobierno a rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia, citación que se cumplirá el próximo 10 de mayo.
SANCIONAN A JUEZ POR NO FALLAR TUTELA A TIEMPO
La funcionaria judicial prorrogó por más de nueve meses el trámite de la tutela, desbordando el término de diez días previsto por la Ley.
El Consejo Superior de la Judicatura impuso una sanción de seis meses de suspensión en el cargo a la juez de Sogamoso (Boyacá), Melba Lucía Báez González, por demoras en el fallo de una acción de tutela presentada contra Telecom.
La Sala Disciplinaria del Alto Tribunal encontró que la funcionaria judicial prorrogó por más de nueve meses el trámite de la tutela, desbordando el término de diez días previsto por la Ley para este tipo de acciones constitucionales.
La juez se defendió argumentando que la demora se debió a la complejidad del tema estudiado y a la carga laboral que tenía su despacho, debiendo atender al mismo tiempo varios asuntos.
Para la Sala Disciplinaria no pueden ser aceptadas las excusas de la juez, porque la tutela debió fallarse en el término que otorga la Ley, independientemente de las diligencias programadas en su despacho.
“La Sala no desconoce el número de providencias proferidas durante el término de la mora, pero ello no alcanza a justificar la conducta de la juez, en consideración a que se refieren en su mayoría a procesos ordinarios y es su obligación dar prioridad en sus fallos a las acciones de tutela y a los hábeas corpus”, indica la sentencia.
CARACOL RADIO
FISCAL PLANTEA QUE CORTE SUPREMA INVESTIGUE A ALTOS FUNCIONARIOS TRAS JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó que la Corte Suprema de Justicia investigue a altos funcionarios pero sólo después de un juicio de responsabilidad política en el Congreso.
Dijo que busca que no se le quiten las funciones jurisdiccionales a la rama judicial y propone suprimir funciones de este tipo al legislativo. Expresó su desacuerdo con el proyecto de reforma a la Justicia que plantea crear una "supercorte".
De otra parte, Montelegre anunció en Caracol Radio que mantendrá en sus cargos a todos los fiscales delegados a ante la Corte Suprema, quienes adelantan grandes investigaciones de impacto nacional.
Aseguró que está haciendo cambios a nivel administrativo en el ente acusador, pero no va a cambiar a quienes tienen en sus manos grandes esas grandes responsabilidades.
El fiscal explicó que de esta manera no habrá lugar a suspicacias sobre injerencias en el desarrollo de esos procesos.
Los once fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ya habían presentado su renuncia protocolaria.
LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO ES OBLIGATORIA Y LA CONTRALORA DEBE SEGUIR CON LOS PROCESOS: CARLOS GAVIRIA
El exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria dijo que la determinación del Consejo de Estado sobre la competencia de la Contraloría para investigar a los magistrados del Consejo Superior investigados en el carrusel de las pensiones es de obligatorio cumplimiento.
Dijo que la decisión de la sala de consulta es vinculante ya que así lo dispone el ordenamiento jurídico.
“La sala de consulta procede con autoridad, es obligatoria y vinculantes porque así lo dispone el ordenamiento jurídico ya que a la sala de consulta le confiere la facultad de resolver los conflictos de competencia”, dijo el ex magistrado.
Dijo es normal que en derecho se presenten discusiones donde hay argumentos buenos de una parte, al igual que en otra.
NO HAY CHOQUE DE TRENES POR DETERMINACIÓN DE CONJUECES DE LA JUDICATURA: GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, dijo que en este caso del ‘carrusel de las pensiones’ se falló bajo el principio de la racionalidad.
Explicó que no puede existir un choque de trenes por la determinación adoptada por la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, ya que la decisión que tomó el Consejo de Estado es de obligatorio cumplimiento.
El magistrado dijo que si la Comisión de Investigación y Acusación no devuelven el expediente a la Contraloría, ellos deben tener en cuenta que tienen responsabilidades bajo un régimen jurídico que deben respetar.